Somos un ente constitucional, representante del Estado en el ejercicio de la acción pública, comprometido en la formulación e implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude, así como proveedora de los servicios jurídicos administrativos atribuídos por las leyes.